Al andar de un año de las masivas manifestaciones estudiantiles y
sociales por cambios y mejoras en la educación y el reclamo de gratuidad y
calidad en todos sus niveles, se sigue construyendo una profundización que va
en sentido contrario a lo que la ciudadanía demanda y peor aún, con el correr del
tiempo, se va produciendo un crecimiento en la brecha entre los ricos y la
clase trabajadora.
Desde la revolución francesa la educación ha sido un tema importante
para la construcción y desarrollo de un país. Los proyectos educativos han
pasado de ser quiméricas propuestas a productivas soluciones, viendo en la
actualidad a la educación como un mercado más para producir ganancias junto al
inmejorable beneficio de expandir y reproducir una determinada concepción del
mundo. La educación en Chile normada por más de veinte años por la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza (LOCE) fue remplazada, producto de la movilización
estudiantil, el año 2009 por la Ley General de Educación (LGE), un macro
acuerdo que establece bases y supuestos que debiesen cumplirse en el plano
educativo en el país, pero que no explicita el modo de consecución de dichos
objetivos.
No obstante, en ambos casos el planteamiento formal o legal de la
educación parte de un hecho fundamental y que determina toda construcción
posible de la educación en Chile, aun cuando esta fuera gratuita, en el que se
establece que es la familia quien en su libre decisión opta por tal o cual
institución y se hace responsable de dicha elección, es decir, el Estado pasa a
un lugar secundario al no poder establecer criterios y normas sobre las cuales
debe efectuarse la educación a cada persona ni proporcionar una real igualdad
de condiciones educativas reales, pues permite la existencia de
establecimientos con proyectos autónomos inclusive de los planes y programas
del Mineduc, lo cual establece como base que la educación sea considerada como
un “servicio” de acceso privado.
¿Cuál es el problema de todo esto? Que aun existiendo gratuidad en la
educación en todos sus niveles, seguirá habiendo proyectos educativos que
podrán diferenciarse y junto con lucrar, desarrollar proyectos ideológicos en
esas instituciones, lo cual que se mantiene incorruptiblemente. De ahí que, por
ejemplo, uno de los sostenedores más grandes e importantes del país no haya
indicado nada sobre el cómo debiese ser la educación en su sentido igualitario
y equitativo, me refiero a la Iglesia Católica, porque sus establecimientos,
particulares en su mayoría, poseen una fuerte carga formativa vinculada a los
principios de la Iglesia, como a su vez las otras religiones y minorías
construyen cada una establecimientos educativos en base a sus creencias, sin
establecer “necesariamente” un marco educativo común con lo solicitado por el
Estado a través de los planes y programas educativos. Es decir, la base de la
desigualdad está dada en el principio liberal que permite la existencia de
múltiples proyectos educativos. Pero además el rol de la educación pública que
vendría a ser la contraparte por la cual el Estado imprime y logra sus
objetivos declarados de formación con igualdad, equidad, universalidad, etc,
etc, no tiene formas de implementación directa puesto que los establecimientos
dependen de cada municipio, lo cual está asociado a los planes de los gobiernos
municipales, quienes además se encuentran con serias deficiencias económicas
como para implementar proyectos educativos capaces de “competir” con los
privados.
La competitividad llevada a todos sus niveles y espacios ha sido el
puntal ideológico del Neoliberalismo, la disputa por ser el mejor y el más
capaz. Una vuelta a la areté (virtud)
griega que tanto deslumbró al filólogo alemán Werner Jäeger, que es la cualidad
desde donde se originaba la distinción de las clases entre los griegos y surgía
la aristós o aristocracia. Algo que
hoy tiene su propio modelo instaurado en colegios y universidades, pero por
sobre todo en el modelo social. En Chile existe una aristocracia que compite
entre sí, ellos no se ven ni amenazados ni amedrentados por posibles
trabajadores que destacándose les arrebatarán el poder, pues en el afán
competitivo siempre tendrán los recursos para validar los conocimientos de su
clase en espacios de mayor reconocimiento, Harvard, Oxford, Princeton, Columbia,
MIT, etc, etc. Por lo que la utópica visión de que la educación promovía la
igualdad o que genera movilidad social está más cerca de ser una quimera que
una realidad, ya que por muy buen profesional que se sea en Chile, titulándose
incluso en Ues privadas, siempre se tendrá un segundo lugar porque el capital
social y cultural dado por el origen socioeconómico sigue siendo un valor
agregado que se considera al examinar los Currículums.
En este sentido, la existencia de la educación dentro del mercado es
algo que le subyace a la realidad que se ha estructurado en el país, es decir,
al modelo económico y no una corrupción de los sostenedores, porque la lógica
ideológica de la competitividad se materializa en una realidad llamada mercado
y cada proyecto educativo alternativo que se levante irá en este sentido,
incluso el de la gratuidad. Defender lo público es necesario, pero también lo
es el proponer un modelo educativo completo que cambie la mirada ideológica de
la competitividad, algo que está muy lejos de alcanzarse si pensamos en que las
discusiones de las mallas curriculares en las universidades hoy están
incorporando esta condición.
Así, la educación se vuelve ideológica y funcional en su visión
competitiva, reproduciendo una lógica instalada en la sociedad como la
posibilidad de superación; el mercado. De ahí que toda realidad posible
contenga como base la desigualdad, cambiarlo supone hacer una revolución en el
sistema y cambiar el modelo económico y político, mientras siga así, solo queda
observar como se reproduce y amplía la brecha y cada día salen miles de
profesionales a los que se les aplica la lógica del mercado; a mayor demanda
menor oferta, precarizando su puesto laboral y negando toda posibilidad de
movilidad social, ya que el trabajador seguirá siendo un trabajador.
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