La nueva Política Nacional de Convivencia Escolar

Acaba de presentarse la nueva Política Nacional de Convivencia Escolar (2024-2030) que tendrá una vigencia de seis años. Estos pasos necesarios han sido presionados por los eventos de los últimos años, pandemia mediante, que han hecho que la PNCE se profundice y releve en importancia al interior de los establecimientos educacionales, donde aún persiste una cultura de resistencia a los cambios, incluso post conflictos por todos conocidos.

Los números en ese sentido muestran que entre 2022 y 2023 se registró un aumento de denuncias en la Superintendencia de Educación de 1.367 casos, equivalente al 7,79%. Si bien, este número para el concierto nacional no es tan negativo, sí se vuelve trascendente cuando se observa el subtema Maltrato entre estudiantes (excluye al nivel parvulario) donde el aumento fue 49,9% entre 2019 y 2022. Además de la problemática cada vez más presente de casos de Connotación Sexual entre estudiantes.

No obstante, los pasos del Mineduc parecen ir en la dirección correcta al ocuparse de los elementos fundamentales que tienen complicadas a las comunidades y que detalla la nueva actualización de la PNCE: 1) Enfoque preventivo; 2) Gestión de las emociones; 3) Apoyo a la salud mental de estudiantes y funcionarios; 4) Formación Docente en Convivencia Escolar; y 5) Participación de las familias.

Esta actualización, la cuarta desde el origen de la PNCE en 2002, viene a respaldar el trabajo de los programas de acompañamiento como “A Convivir Se Aprende”, que desde la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello estamos desarrollando en la sexta región, al que se sumarán otros como el nuevo programa “Comunidades educativas protegidas”. 

Con todo, se está viviendo una transformación importante en el modo de concebir el trabajo docente en las comunidades educativas, donde el énfasis se está poniendo en mejorar las condiciones ambientales para alcanzar una mejora en la calidad educativa, desarrollando espacios de diálogo, participación, inclusión y respeto, lo que impactará en la calidad de sociedad que tendremos con las nuevas generaciones.

Esta columna de opinión ha sido publicada en diversos medios de prensa.

Buscando la sana convivencia

Hace unos días conocimos de la partida lamentable de un estudiante en Lota, asesinado en una pelea de estudiantes. Una noticia triste para su familia y la comunidad escolar a la que pertenecía.

En este sentido los esfuerzos del Ministerio de Educación, que implementó y escaló en tiempo récord el programa A Convivir Se Aprende, con el apoyo de grandes equipos ejecutares de diferentes universidades del país, pone en evidencia que siempre quedan brechas que cubrir.

Ahí es donde cobra importancia la incorporación de habilidades y competencias profesionales de convivencia escolar e inclusión durante la Formación Inicial Docente y la Formación Continua, ya que gran parte de la falta de promoción de factores protectores en las escuelas responde a la pobre formación de los y las docentes.

El eje de Convivencia y Salud Mental del plan de reactivación posee un componente formativo y de gestión que se está reforzando en establecimientos priorizados, pero aún existe dificultad en la asimilación por los cuerpos directivos y/o docentes.

De ahí que, necesitamos que se robustezca la función del encargado de convivencia escolar (encoes) al interior de cada establecimiento, tanto en su participación en el Plan de Mejora Educativa (PME) como en la toma de decisiones al interior de los cuerpos directivos, y una remuneración acorde a las responsabilidades que posee. A ello, se hace necesario fortalecer equipos profesionales multidisciplinarios y profundizar en la implementación del Modelo de Escuela Total en todos los establecimientos educativos del país, para mejorar los contextos de desarrollo en el que niños, niñas y adolescentes aprenden a convivir.

Violencia y escuela. Un problema que crece

Desde hace al menos 10 años, los índices de violencia escolar han aumentado significativamente, a excepción de los años 2020 y 2021 producto del cierre de los establecimientos escolares durante la pandemia. Las denuncias totales esos años en la Superintendencia de Educación fueron de 3.379 y 3.961 respectivamente. No obstante, en 2022 y 2023 la constante de crecimiento volvió, registrándose 16.159 y 17.526 casos en uno y otro año. De ahí que, al revisar en específico las denuncias en el ámbito de convivencia, vemos que se registraron 12.637 casos en 2023, 585 más que en 2022. Sin embargo, llama la atención que las agresiones o maltrato entre estudiantes representan el 57,7 % del total de los casos denunciados en dicho ámbito. El Mineduc, haciéndose cargo de este escenario en conjunto con especialistas y otros actores sociales, diseñó, dentro del plan de Reactivación educativa, el programa “A Convivir Se Aprende” con la finalidad de mejorar el eje de Convivencia y Salud Mental, propuesto también desde la Mesa Social Covid 19 en 2021. 

Dichos programas están mostrando un avance moderado en las comunas que están interviniendo, donde el rol activo de la comunidad educativa en su conjunto es fundamental para lograr mejores resultados. De ahí que, la demanda social que tiene la política pública en educación involucre no sólo a docentes y equipos directivos, sino también a los padres y apoderados, quienes hoy se ven algo alejados de la ecuación.

Por otra parte, también es importante avanzar hacia mejoras en las herramientas que dominan los docentes para afrontar las situaciones de violencia, ya que como muestran los estudios, la mayoría se siente poco preparado para resolverlas. De ahí que, el problema de la violencia escolar esté siendo una constante en crecimiento, cuyos resultados se están tratando de contener, pero que requieren un mayor soporte formativo, mejorar la salud mental de los docentes y ampliar la participación a otros profesionales en los equipos multidisciplinarios de los establecimientos, ya que los desafíos que hoy enfrenta la educación son mucho más complejos que los que se tenían hace una década atrás.

 

Convivencia y Salud Mental en la Universidad

Según los resultados de la World Mental Health International College Student (WHO-ICS) en 2017, los estudiantes de educación superior presentan una prevalencia significativa en problemas asociados a la salud mental, donde el 18,5% presenta trastornos depresivos y el 16,% de ansiedad generalizada. Post-pandemia se realizaron distintos estudios para conocer el estado de salud mental de los y las estudiantes chilenas, en los que se conoció, por ejemplo, que 3 de cada 4 estudiantes tenía problemas asociados a su salud mental y que esta prevalencia era mayor en las mujeres que los hombres. Esta situación se ve también agravada según los distintos momentos que se atraviesan en la trayectoria educativa de un o una estudiante, por lo que resulta importante y urgente que las instituciones de educación superior tomen nota y se hagan cargo de las situaciones que afectan a los miembros de su comunidad, sobre todo cuando se ha conocido de casos mediante viralizaciones y medios de comunicación o, como ocurre con el caso lamentable, que costó la vida de la estudiante Catalina Cayazaya Cors, cuyos detalles dio a conocer públicamente su familia a través de una carta.

            Hoy resulta de primera necesidad que las Instituciones de Educación Superior resguarden la integridad física y psicológica de sus estudiantes, tanto en la formación que reciben al interior de la institución como en los centros de prácticas. Los estudiantes son futuros profesionales en formación y requieren de un acompañamiento empático, estimulante y sobre todo seguro. Esa es una responsabilidad que tenemos todos quienes hacemos docencia y en especial las universidades.

            Los problemas de convivencia y de salud mental no son sólo un desafío escolar y, por ende, social, sino también universitario y la Comisión Nacional de Acreditación como el Ministerio de Educación deben cautelar estos procesos del mismo modo como la Agencia de Calidad lo hace con las escuelas.

Esta columna de opinión fue publicada en diversos medios de prensa nacional.

Algunas lecciones del SIMCE 2023

Desde el informe Delors (Unesco, 1996) el Mundo ha estado ocupado con mayor atención en mejorar la calidad educativa, tanto que no sólo han sido reformas al sistema las que se han permeado por los informes supranacionales, sino también leyes particulares, con la Ley 20.903 que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (2016). Dichos cambios, que no son para arrojar resultados inmediatos, parece que, si han logrado un primer paso de lo formulado en sus inicios, ya que los resultados del SIMCE 2023 arrojaron una recuperación mucho más rápida de lo esperado por analistas y el propio sistema.

Las mejoras reflejadas en la medición que se realizó a las 4tos básicos y 2dos medios en lenguaje y matemáticas serán parte de los estudios y análisis multifactoriales que de seguro comenzarán a realizarse, no obstante, para quienes estamos insertos en el Sistema y formamos docentes, hay un factor que condiciona muchísimo esta situación, y a nuestro juicio es la calidad docente.

Este factor, que viene aplicándose desde hace algunos años con las reformas del gobierno de Michelle Bachelet del año 2016, en algún momento deberá comenzar a observarse, ya que hoy, si bien se forman menos docentes en Chile, también es cierto que la exigencia de calidad que deben cumplir los programas y carreras de educación en el país es mucho más elevada que antes de dicho periodo, lo cual redunda en que tenemos docentes más preparados a los cambios de lo que se creía. En otras palabras, la profesionalización de la docencia, como la llamó Beatrice Ávalos, está mostrando resultados positivos.

Por otra parte, también, y a pesar de las múltiples y cuestionables dificultades de instalación que han tenido los SLEP (sólo tenemos 11 en funcionamiento hasta ahora de un total de 64 que deberían existir en el país), sus resultados también muestran mejoras substantivas con respecto a la medición anterior. En este sentido, resulta importante, que así como hemos identificado diferentes problemáticas en acciones específicas del Estado sobre la educación, también es necesario que reconozcamos que las reformas que siempre se han utilizado con fines catastróficos en el mundo político, hoy se valoricen, pues todos coincidimos que para mejorar la calidad de vida en un país que alcance el desarrollo, debemos mejorar la educación y disminuir las brechas formativas.

De ahí que, necesitamos también mirar los aspectos positivos de lo que se ha ido haciendo, para alcanzar acuerdos políticos que contribuyan a la mejor que requiere el sistema educativo para seguir avanzando.

Esta columna fue publicada en diferentes medios de prensa nacional.