martes, 18 de julio de 2023

El bienestar y docencia. Un desafío que no hemos podido resolver

 La semana pasada fuimos testigos de la confesión, por la red social Tik Tok, de una joven estudiante de pedagogía sobre el maltrato psicológico que estaba recibiendo de parte de un grupo de estudiantes de séptimo básico en el establecimiento que realizaba su práctica profesional. Ese mismo día se conocían los desastrosos resultados del SIMCE 2022. Alguien podría pensar que no existe relación entre un hecho y otro, pero la investigación científica muestra todo lo contrario. Hay una relación directa entre bienestar y calidad educativa, pues como se viene evidenciando desde hace un par de décadas, el espacio social que representa el aula de clases posee condiciones de vulnerabilidad no solo social sino también afectiva, donde el o la docente vierte y construye su identidad profesional. En síntesis, el clima social del aula vincula resultados, autoestima y realización personal, tanto de los estudiantes como de los y las docentes.

En este sentido, a pesar del camino que se viene desarrollando desde la década del ochenta con estudios sobre el efecto de las emociones en el trabajo docente, no se ha profundizado todo lo necesario para tomar medidas reparatorias y formativas sobre el bienestar de los y las profesoras. De hecho, en el año 2003 el artículo: Teachers’ emotion and teaching: A review of the and directions for future research, de Sutton y Wheatley, señalaba que faltaba mucho por conocer y comprender acerca de la relación entre experiencia emocional docente y práctica pedagógica. Hecho que se ha venido a corregir, en parte, con las indagaciones que estos últimos años, especialmente los post pandemia, se han realizado. Y es que la salud mental y el efecto que tiene el espacio laboral en ella recién se ha convertido en un tema relevante, donde hoy y gracias a las redes sociales, recordemos el impacto que causó en su momento el grupo de Facebook “Confesiones docentes” el año 2016 donde se declararon situaciones similares por parte de profesores y profesoras en ejercicio y en un completo anonimato, se pudo conocer públicamente y con más detalle lo que viven los y las profesoras en su espacio de trabajo, sin advertir la importancia que todo ello reviste para las finalidades de la educación.

Y es que durante todos estos años la política pública educacional ha estado centrada en evaluaciones y rendiciones de cuenta, que han mejorado muy poco los resultados educativos y donde uno de los aspectos positivos a destacar ha sido la mejora de la Formación Inicial Docente, pero mediante criterios obligatorios que deben cumplir las carreras de pedagogía para acreditar su calidad. Con esto, estamos viendo una necesidad inmediata de preparar a nuestros docentes en convivencia escolar y educación socioemocional, no solo pensando en detener el abandono docente de los recién titulados, sino también con miras a mejorar los resultados educativos, pues como muestran Téllez-Martínez et al. (2021) cuando los y las docentes mejoran su bienestar, mejora el clima escolar, del mismo modo que aumenta el rendimiento escolar (Múñoz, Fernández y Jacott, 2018).

Por este motivo, la confesión y los resultados del SIMCE nos tienen que llamar a pensar y desarrollar espacios de intervención que garanticen tanto el bienestar docente, incluidos quienes realizan prácticas profesionales en ellos, como la construcción de un clima emocional que propicie aprendizajes más allá del dominio de un determinado contenido disciplinar. 

El educación en la política: entre deudas y laberintos

El discurso de rendición de cuentas y presentación de proyectos por parte del presidente Gabriel Boric para el siguiente año de trabajo gubernamental es un momento de reflexión y análisis, donde siempre se espera con inquietud qué se dirá en cada área y con esperanza sobre que soluciones se presentarán a los problemas sociales que nos aquejan. En este sentido, lo señalado en materias de educación se fijó en puntos que son importantes pero limitados: las deudas y el laberinto de la deserción escolar. Y es que, postpandemia, hemos sido testigos de un aumento sostenido de niños, niñas y adolescentes que han optado por la deserción escolar, donde, lamentablemente la inmensa mayoría de ellos pertenece a los sectores más vulnerables de nuestra población. Organismos internacionales y distintos estudios sitúan a la pandemia como uno de los gatillantes de esta situación, pero lo cierto en nuestro país es que ella sólo permitió observar de manera cuantitativa una realidad que estaba disfrazada en el ausentismo escolar, es decir, antes de la pandemia los estudiantes figuraban en la matrícula, pero no asistían con un mínimo de regularidad a clases debido al sistema de financiamiento basado en la subvención por asistencia escolar. Y acá es donde nos encontramos en un laberinto.

Hace un tiempo el Ministerio de Educación convocó a un consejo para la reactivación educativa, una buena señal, pero un mal augurio. Esto porque la composición carecía de quienes, a nuestro juicio, debían ser los principales partícipes de la discusión, investigadores e investigadoras, directores de los colegios, docentes y trabajadores sociales de establecimientos de alta vulnerabilidad, tanto los exitosos como los no exitosos en prácticas de retención estudiantil, e incluso la defensoría de la niñez que desde hace meses viene trabajando la relación entre deserción escolar y delincuencia juvenil, cuyo resultado es catastrófico, porque para un segmento de la sociedad la vía de su desarrollo social no está siendo el camino institucional, sino vías alternas que nos deberían llamar a profundas reflexiones sociales, siendo la delincuencia sólo una de las existentes.

De ahí que nos pareció poco profundo el abordaje en la educación, pues hay necesidades que requieren ser presagiadas y pensadas desde la experiencia adquirida como, por ejemplo, la discusión de las vacaciones de invierno. Este tema no es nuevo, y debería estar buscándose una alternativa de flexibilidad a las planificaciones del calendario escolar, pues no es posible que este se dictamine desde el ministerio de educación de forma homogénea en un país tan diverso como el nuestro. Ello, debería ser una medida local o a lo menos regional respondiendo a las realidades, incluso climáticas de cada zona. Pues el invierno no es el mismo en el norte del país que en la zona sur, donde las enfermedades respiratorias colapsan el sistema hospitalario. Del mismo modo, los establecimientos deberían tener protocolos de virtualización en periodos complejos y de alto índice de contagios, tal como lo tuvimos durante la pandemia o en su defecto, condiciones pre-establecidas por organismos competentes para tomar decisiones extraordinarias al respecto. Y eso, es también mejorar la calidad de la educación porque es dar tranquilidad y seguridad a las familias de que el sistema responde a sus necesidades y no a la inversa.

Aunque es valorable la disposición de diálogo y la apertura para tomar decisiones, hay que seguir buscando de qué manera fortalecemos en conjunto el camino para salir del complejo laberinto en el que está la educación hoy en día postpandemia.